La nueva ley del derecho al honor y la imagen en internet en la era de la IA

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Durante más de cuarenta años, la defensa del honor, la intimidad y la propia imagen en España se ha apoyado en una norma pensada para el mundo del papel y la televisión: la Ley Orgánica 1/1982. Funcionó razonablemente bien mientras los contenidos circulaban despacio y tenían un autor identificable. Pero ese mundo ya no existe.

Hoy una imagen se replica miles de veces en minutos, la autoría se difumina entre quien la crea, quien la comparte y quien la edita, y la inteligencia artificial permite fabricar vídeos y audios falsos casi indistinguibles de los reales. Frente a ese escenario, el 13 de enero de 2026 el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley Orgánica de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, que sustituirá a la norma de 1982 y la adapta expresamente al entorno digital y a la IA.

Antes de nada: ¿ya es ley?

No todavía. Se trata de un anteproyecto, el primer paso del camino. Al tener rango de ley orgánica, tendrá que aprobarse por mayoría absoluta en el Congreso, de modo que aún queda tramitación parlamentaria por delante y el texto puede sufrir cambios. Aun así, marca con claridad la dirección hacia la que va la protección de estos derechos, y anticipar ese marco es una ventaja para cualquiera que quiera defender su reputación.

Lo que más te afecta

1. Subir tu foto a redes no es un cheque en blanco

Una de las novedades más importantes es también de las más cotidianas: el hecho de compartir una imagen personal en una red social no autoriza a terceros a reutilizarla en otros canales o plataformas. El consentimiento deja de entenderse como algo global y pasa a exigirse de forma específica para cada uso. Que una foto sea “pública” no la convierte en material de libre disposición.

2. Tu voz y tu cara, protegidas frente a la IA

Por primera vez, se considera intromisión ilegítima el uso de la voz o la imagen de una persona sin su autorización con fines publicitarios o comerciales mediante inteligencia artificial u otras tecnologías similares. Es decir, clonar tu voz para un anuncio o generar un vídeo tuyo promocionando algo que nunca respaldaste entra de lleno en el terreno de lo ilícito.

Y va más allá de lo comercial: los deepfakes que representan a una persona de forma falsa y perjudicial se incorporan al catálogo de intromisiones ilegítimas contra el honor.

3. Más protección para las víctimas de delitos

El anteproyecto refuerza la posición de quienes ya han sufrido un delito. Considera intromisión ilegítima cualquier utilización que el autor del delito haga del propio hecho delictivo y que cause un daño adicional a la víctima, con una mirada específica hacia ciertos formatos de true crime que revictimizan a quien ya fue perjudicado.

4. Menores: consentimiento a los 16, pero con límites

Se fija en los 16 años la edad a partir de la cual un menor puede consentir el uso de su propia imagen. La clave está en el matiz: aunque exista consentimiento, si el uso menoscaba la dignidad o la reputación del menor seguirá siendo una intromisión ilegítima. Además, el Ministerio Fiscal intervendrá en los procedimientos que afecten a menores.

Indemnizaciones que dejan de ser simbólicas

Uno de los puntos con más recorrido práctico: el texto fija por primera vez criterios objetivos para medir la gravedad del daño moral —la reincidencia, la vulneración de varios derechos fundamentales, la dureza de las expresiones empleadas o la repercusión social del contenido— y establece que la indemnización no podrá tener carácter simbólico.

A la ya conocida publicación de la sentencia condenatoria con, al menos, la misma difusión que tuvo la intromisión, se añade ahora la posibilidad de pedir que la condena se publique también en el Boletín Oficial del Estado.

Reaccionar rápido: la retirada como medida cautelar

En internet, la tutela que llega tarde suele llegar incompleta: cuando un contenido ya se ha viralizado, retirarlo del sitio original apenas sirve. Por eso el anteproyecto contempla una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil para introducir la retirada cautelar de imágenes o voces cuando concurran apariencia de buen derecho, riesgo real por viralización masiva y ausencia de un perjuicio desproporcionado a la libertad de expresión. El objetivo es frenar el daño antes de que se consolide por repetición.

Esta pieza se apoya, además, en el marco europeo: el Reglamento de Servicios Digitales (DSA) refuerza los mecanismos de notificación y retirada en las plataformas, y las obligaciones de transparencia del Reglamento de IA para ciertos contenidos sintéticos no eximen de responsabilidad civil cuando el contenido constituye una intromisión ilegítima.

¿Y la libertad de expresión?

La reforma no borra los contrapesos de siempre. Se mantienen las excepciones clásicas —la información de interés general o las actuaciones autorizadas por la autoridad competente— y se añade una específica para el uso de IA sobre personas con proyección pública en contextos creativos, satíricos o de ficción, siempre que se advierta con claridad de que se ha empleado esta tecnología.

Conviene señalar también las voces críticas. Algunos juristas especializados en derecho digital sostienen que la protección del honor frente a estos usos ya estaba, en buena medida, cubierta por la ley y la jurisprudencia, y que no siempre hace falta reformar la norma con cada nueva tecnología. Es un debate legítimo que acompañará a la tramitación.

Qué significa esto en la práctica

Para un particular, la lectura es esperanzadora: tendrás argumentos más claros frente a un deepfake, frente a la reutilización no consentida de tus fotos o frente a la clonación de tu voz.

Para una empresa o un profesional, el mensaje es doble. Por un lado, más herramientas para defender la reputación corporativa y personal de sus directivos frente a montajes, suplantaciones y campañas de desprestigio. Por otro, más responsabilidad: quien utilice imágenes, voces o contenidos de terceros en su comunicación o su publicidad tendrá que ser especialmente cuidadoso con el consentimiento.

En los dos casos, hay un punto común: la ley aporta munición, pero saber usarla a tiempo y por la vía adecuada marca la diferencia. Una retirada cautelar bien planteada, una reclamación ante la plataforma correcta o una estrategia de desindexación pueden resolver en semanas lo que, mal enfocado, se enquista durante años.

En Honoralia lo vemos cada día

Somos una firma especializada en protección de la reputación online y derecho al olvido, y trabajamos precisamente en ese terreno: retirar y desindexar contenidos perjudiciales, frenar la difusión de material falso o no consentido y proteger la imagen de personas y empresas por vías legales y discretas.

Conocemos estos procedimientos desde dentro, con resoluciones favorables obtenidas tanto en los tribunales como ante la Agencia Española de Protección de Datos. Y cuando el marco legal se refuerza, como ocurre con esta reforma, nuestro trabajo es traducir esas nuevas posibilidades en soluciones concretas para cada caso.

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