La protección de datos personales en el ámbito societario

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La protección de datos personales puede parecer una disciplina ajena al derecho interno de sociedades mercantiles de capital, pero lo cierto es que su relevancia está más que acreditada. En el presente artículo pretendemos apuntar algunas situaciones donde este derecho fundamental es invocado o cobra relevancia en el ámbito societario.

Como derecho constitucional, el derecho a la protección de datos personales, habeas data, está configurado como un derecho fundamental. Este carácter es de especial relevancia puesto que, cuando los derechos de distintas partes entran en conflicto, es preciso discernir cuál de ellos debe preponderar.

Efectivamente, el derecho a la protección de datos personales se encuentra contemplado en el artículo 18, apartado 4, de la Constitución Española y, conforme a su nivel de importancia, ha tenido que ser desarrollado en una Ley Orgánica.

El derecho de protección de datos personales en relación con las modificaciones estructurales societarias

Es precisamente la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPD) la que directamente prevé la interacción entre el derecho de protección de datos y el ámbito societario.

Así es, en su artículo 21 de la LOPD regula los tratamientos de datos relacionados con la realización de determinadas operaciones mercantiles y prevé que, salvo prueba en contrario, se presumirán lícitos los tratamientos de datos, incluida su comunicación con carácter previo, que pudieran derivarse del desarrollo de cualquier operación de modificación estructural de sociedades o la aportación o transmisión de negocio o de rama de actividad empresarial, siempre que los tratamientos fueran necesarios para el buen fin de la operación y garanticen, cuando proceda, la continuidad en la prestación de los servicios.

A su vez, prevé que, para el caso en que la operación no llegara a concluirse, la entidad cesionaria deberá proceder con carácter inmediato a la supresión de los datos, sin que sea de aplicación la obligación de bloqueo prevista en dicha ley orgánica.

Por operaciones de modificación estructural, hemos de entender las previstas en la ley que las regula, esto es, la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles. Esencialmente son la transformación societaria, la fusión y escisión; la cesión de activo y pasivo; y el traslado del domicilio social al extranjero.

Es lógico que se haya regulado este tipo de operativas desde una perspectiva de datos personales, puesto que todas ellas tienen un impacto trascendente en los derechos del interesado. Normalmente porque hay un cambio en la titularidad del responsable del tratamiento o porque hay una reubicación los datos a un país extranjero que puede ser o no perteneciente al espacio europeo en los términos del RGPD.

Empresa

El caso de la protección de datos personales en carteras de clínicas

En la resolución sancionadora de R/02556/2014 derivada del procedimiento con ref. PS/00387/2014, la AEPD sancionó una clínica por la cesión de la base de datos de clientes a otra empresa con entrega de historiales médicos sin conocimiento de los pacientes. Sancionó con más de cuarenta mil euros (40.000,00 €).

Una persona recibió una llamada de otra clínica de estética citándola para seguir con el tratamiento indicando que el titular del nuevo centro médico disponía de su historial clínico y otros datos personales cedidos por la primera clínica, pero sin consentimiento de los pacientes. En todo caso, se cedieron datos especialmente sensibles, sujetos a consentimiento previo.

La sancionada manifestó durante la inspección que adquirió la base de datos de pacientes mediante contrato al cesar su actividad la segunda entidad. El acuerdo al que habían llegado entre ambas entidades incluía la finalización de los tratamientos que se encontraban inacabados. Por ello, se contactó con los clientes que no habían finalizado sus tratamientos para ofrecerles la posibilidad de continuar con los mismos.

Como se puede ver en este caso, dado que no se llevó a cabo una fusión de sociedades, la transmisión de la cartera de pacientes como parte de una cesión de activo o, en su caso, la mera subrogación de una clínica en la cartera de pacientes de la otra se consideró una mera cesión de datos a terceros sancionable. De haberse llevado a cabo una cesión de activo y/o pasivo que incluyera la cartera de clientes, posiblemente se habría procedido de manera legal al estar contemplado en la propia ley. Seguramente ello no era posible, pero también parece claro que el factor del adecuado tratamiento de datos personales no estuvo presente en el análisis del diseño del negocio jurídico. En consecuencia, se incumplió el principio de protección de datos desde el diseño y por defecto y ello originó un siniestro para una de las empresas en forma de grave sanción.

La protección de datos personales y el derecho de información del socio en las sociedades de capital

Cuando se convoca junta en una sociedad de capital, los socios llamados a ella tienen derecho a solicitar información de forma previa y por escrito a la reunión. Esto es muy frecuente en el caso de problemas entre socios.

La información que los socios pueden pedir a la sociedad es de lo más variada y, a menudo, incluye datos personales.

La jurisprudencia considera el derecho de información en sentido amplio, aunque nunca de forma absoluta, por lo que debe sopesarse cuál de ellos prevalece en el caso de solicitarse documentos o aclaraciones al administrador que incluyan información personal.

Casos en los que ello puede tener lugar son de lo más diverso. Piénsese que las nóminas de ciertos trabajadores o el contrato del director general pueden ser relevantes para analizar la estructura de costes de la empresa. De modo parecido, pueden pedirse movimientos bancarios en los que encontrar datos de personas físicas, bien empleados, bien autónomos o apoderados. Y así con otro tipo de informaciones.

Es una práctica recurrente que los administradores traten de denegar la información al incómodo socio escudándose en la prevalencia de la normativa de protección de datos personales. Como tal, es un recurso socorrido, sin embargo, lo cierto es que, a menudo, es incorrecta la comprensión que se tiene sobre su alcance y, por lo tanto, no resulta aplicable necesariamente, aunque así se haya invocado.

Análisis de datos

La consecuencia de usar la protección de datos personales como pretexto para denegar información es que, a corto plazo, puede implicar la impugnación de los acuerdos adoptados al haber denegado algún tipo de información esencial para controlar al órgano de gobierno de la sociedad o para votar.

En este sentido, la Audiencia Provincial de Madrid, en su sentencia de 14-1-2013, nº 6/2013, rec. 732/2011, declaró, por ejemplo, que no cabe denegar el derecho de información sobre la base de proteger datos personales de trabajadores o alumnos porque la cesión está autorizada por la propia LSC y, al respecto, citaba doctrina del Tribunal Supremo, al decir que, por el mero hecho de que no afecten a la intimidad de los trabajadores los datos económicos no dejan de ser datos personales, por lo que su difusión indiscriminada podría atentar contra el derecho a la privacidad de los afectados, pero también afectan a las cuentas de la sociedad y a su control por los accionistas, por lo que, con independencia de su posible disociación cuando ello no suponga una burla la finalidad perseguida por la información demandada y de que pesará sobre los cesionarios el deber de reserva, su comunicación a los accionistas.

Al estar contemplado en la Ley de Sociedades de Capital el derecho de información, se cumple el presupuesto habilitante de la normativa de protección de datos personales para su cesión. Bajo la normativa anterior, porque la propia LOPD contemplaba tal cosa “… cuando la cesión está autorizada en una Ley” e incluso remitía a lo que hoy sería la base jurídica contractual al señalar también que el reglamento de desarrollo de la entonces Ley Orgánica regulaba en su tenor literal que existía amparo “…cuando la comunicación responda a la libre y legítima aceptación de una relación jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control comporte la comunicación de los datos“.

La conclusión final de la audiencia provincial fue que, aun partiendo de la posible existencia de datos personales, al pretender el socio examinar listados de alumnos y actividades desarrolladas por los mismos a fin de comprobar la realidad de los ingresos de la empresa, ello se adecua a la finalidad del derecho de información de la normativa societaria, lo que incide directamente en las facultades de control que la Ley otorga al socio y justifica el acceso a los datos solicitados.

Lógicamente esto no constituye un presupuesto habilitante general, sino que es necesaria un escrutinio de cada caso concreto, al efecto de determinar si en alguno es posible denegar la información solicitada o facilitarla de otra manera en aras de proteger los datos de los interesados lo máximo posible.

A este fin, aplicar medidas de disociación o anonimización permite a los responsables del tratamiento y, en su nombre, los administradores de las sociedades, satisfacer el derecho de información cumpliendo, al mismo tiempo, con el principio de minimización de datos personales, por lo que la ponderación de derechos no terminará con la determinación de su prelación sino también con la forma y alcance de su entrega si finalmente prevalece el derecho societario.

Como se puede observar, es importante tener en consideración la normativa de protección de datos personales para asesorar en conflictos societarios y en operaciones estructurales societarias, ya que su ignorancia puede ocasionar importantes perjuicios a las sociedades que omiten su aplicación.

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